El Gobierno nacional sigue adelante con su idea de reformar los servicios públicos y anuncia para este mes el inicio de un proceso de consulta con empresas y usuarios para lograr consensos sobre el texto antes de la radicación del proyecto ante el Congreso.
Inicialmente, el Gobierno estaba trabajando sobre un borrador de 200 artículos, pero decidió reducirlo a una cuarta parte de su extensión para facilitar el trámite y enfocarse solamente en lo esencial.
“Hay un consenso en la necesidad de modernizar y ajustar muchas de las cosas que están en la ley de servicios públicos. Nuestra ley de servicios públicos ya pasa los 30 años y hace 30 años no estábamos en una discusión de transición energética como la que estamos hoy, la necesidad de incluir la prestación de servicio a través de energías renovables, la necesidad de modernizar algunos mecanismos. Todo eso es un consenso y son formas necesarias que debemos avanzar desde el Gobierno y, por supuesto, habrá otros temas en los que tenemos discusiones”, dijo el ministro Andrés Camacho.
En varias oportunidades, el Gobierno Petro ha expresado su deseo de que los servicios públicos no solo puedan ser prestados por las compañías privadas o mixtas, sino también por comunidades organizadas de manera autónoma, incluyendo las comunidades indígenas.
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Camacho también está hablando de la necesidad de incluir en la ley modificaciones a los requisitos para ser comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas luego de las dificultades que ha tenido el presidente para nombrar a sus delegados.
Según Camacho, el Gobierno ha evaluado unas 30 hojas de vida y, sin embargo, solamente dos han cumplido los requisitos del nombramiento: Omar Prías y Antonio Jiménez, ambos nombrados en propiedad.
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“Hemos venido revisando hojas de vida, expertos internacionales hoy con la regulación existente no se pueden nombrar porque no tienen la experiencia certificada en Colombia o porque la única manera de obtenerla es la experiencia que hoy está legalmente establecida en dos lugares. Uno, o que hayan estado en Gobierno, o dos, que hayan estado en una empresa. Y eso es una reflexión de fondo sobre lo que para nosotros significa volver a poner en consideración qué es esa experticia que debería existir en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es una importante responsabilidad para consolidar la ruta de la transición energética justa”, agregó Camacho.
¿Qué dicen las empresas?
En varias oportunidades, los gremios del sector de la energía han pedido al Gobierno que mantenga el espíritu de la ley actual de servicios públicos y que no estatice la prestación de los servicios públicos en el país.
De hecho, en su discurso de apertura del congreso de Andesco el presidente del gremio, Camilo Sánchez, dijo que lo que funciona no debe cambiarse y que el modelo actual de prestación de servicios desde la empresa privada ha sido un caso de éxito para el país.
Este jueves 27 de junio, y minutos antes de los anuncios a la prensa, los gremios del comité intergremial de la energía y el ministro Camacho firmaron un pacto por la prestación de servicios públicos que incluyó entre otras cosas trabajar en equipo para garantizar la sostibilidad de los servicios públicos y su prestación eficiente así como una mayor participación de los usuarios y reglas de juego basadas en la confianza.
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