La Contraloría General de la Nación realizó un estudio sobre la reinversión de los impuestos verdes que se impusieron a los colombianos para desincentivar el consumo de algunos productos con gran impacto ambiental: el carbono y las bolsas plásticas.
Según la Dian, por el impuesto al carbono a noviembre de 2018 se habían recaudado 294.000 millones de pesos, pero el 70 % de esos recursos se redireccionaron a los programas de posconflicto y no a programas de pedagogía y reparación ambiental. Solo un 30 % de los recursos se destinan a la preservación, pero los programas no son suficientes en comparación con los montos recaudados.
En los impuestos a las bolsas plásticas, al 30 de junio de 2018 se recaudaron $ 14.510 millones de pesos.Estos recursos carecen de un destino exclusivo en las arcas del Ministerio de Ambiente, por lo que van directamente al tesoro nacional.
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“Aunque la Contraloría reconoce la relevancia del cumplimiento de los acuerdos y la construcción del posconflicto, el organismo de control hizo un llamado al Gobierno y al Congreso Nacional para que, en el marco de sus competencias y la colaboración armónica de poderes, estudien la posibilidad de asegurar que los recursos de los impuestos ambientales sean direccionados al sector ambiental”, dice el documento de la Contraloría.
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El ente de control fue más allá al argumentar que la demanda de combustible va a permanecer casi que de manera invariable por lo que un impuesto al carbono pensado con el fin de reducir el consumo de gasolina y diesel no va a cumplir ese propósito.
La Contraloría también evaluó los resultados obtenidos en materia ambiental por el recaudo de esos recursos y asegura que hay incertidumbre sobre su efectividad.
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Finalmente, la institución explicó que los beneficios tributarios en materia ambiental a las empresas no cuentan con entidades que puedan hacer un seguimiento adecuado. Dice la Contraloría que un ejemplo es una empresa que recibe un beneficio tributario a cambio de invertir para mejorar la calidad del aire. Se obtiene la reducción en el impuesto, pero nunca se comprueba la efectividad de la inversión y si la calidad del aire en efecto mejoró.
Del lado forestal, el certificado de incentivo forestal, otro beneficio que se entrega a quienes protegen los bosques naturales es un buen enfoque para desincentivar la deforestación, pero la Contraloría señala que en comparación con las cifras de bosques talados de 120.000 hectáreas en el 2017, los resultados son casi invisibles.
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