Radicado proyecto de jurisdicción agraria: Gobierno niega que incluya expropiación

Este martes, 27 de agosto, el Gobierno nacional presentó la primera ley de su paquete legislativo de este periodo: el proyecto de ley ordinaria de jurisdicción agraria. El texto de 80 artículos establece los procedimientos por los cuales los jueces rurales y agrarios van a resolver los conflictos y disputas por la tierra.

“Esta ley hace justicia con el campesinado colombiano y con la gente que vive en el campo de este país, más de 10 o 12 millones de compatriotas, porque vamos a tener por primera vez en tantos años de conflicto, parece mentira, jueces agrarios que resuelvan el conflicto o los conflictos que históricamente han existido por la tenencia, la posesión y la propiedad de la tierra en nuestro país”, sostuvo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

El ministro insistió que esta ley hace parte del plan de choque del Gobierno para acelerar la implementación del acuerdo de paz, que incluye además 16 pactos territoriales para transformar los 170 municipios PDET que serán fundamentales para el país en el futuro.

“Por eso ya se había aprobado el acto legislativo, como lo señalaba el acuerdo de paz; ya se había aprobado la ley estatutaria que fijó ya la estructura de lo que serán los tribunales y los jueces agrarios; y esta ley lo que fija ahora es el procedimiento, es como el código de procedimiento agrario que toma muchas de las medidas del código general del proceso en Colombia para garantizar que los jueces que lleguen el año entrante con independencia, con autonomía, a resolver conflictos de muchos años, tengan un procedimiento establecido para cumplir con sus funciones y hacer justicia en el campo colombiano”, insistió el ministro Cristo.

Uno de los puntos que, previo a la radicación, generó preocupaciones fueron dos artículos que según la representante Katherine Miranda plantea un mecanismo de expropiación express: se trata del punto cuatro del artículo 5, que establece la función social, la utilidad pública y el interés social de la propiedad agraria, y el parágrafo 1 del artículo 12, que establece que en los procesos agrarios especiales de los que trata la ley 160 de 1994 contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras .

“Es decir, van a radicar toda una ley para la jurisdicción agraria y rural, con la finalidad de proveer jueces especializados en este tema, pero quien decide es la ANT cuando debería ser un juez de la República. En el proyecto, el Juez entra en un proceso posterior, cuando sabemos que los procesos judiciales en Colombia duran años ¡Inaudito!”, dijo la representante Miranda en ‘X’.

Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que en ninguna parte del articulado hay expropiación por vía administrativa: “Y desde ese punto de vista no hay una figura diferente y el tema del proyecto de ley no, no, no y no genera una figura expresa diferente a regular un proceso para que se le entreguen las tierras a los que tengan el derecho”, insistió la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

“Eso que está allí en los artículos 32 y 33 de la ley 160 de 1994 será de competencia en primera instancia de los tribunales y la segunda instancia será del Consejo de Estado . En ninguna parte del articulado se dice que habrá expropiación por vía administrativa”, recalcó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

Desde la oposición señalan que este proyecto es el más peligroso presentado por el Gobierno: “Este es el proyecto más peligroso que ha erradicado el Gobierno con relación a la propiedad agropecuaria y el futuro del agro en el país. Yo pronostico una enorme guerra y una conflictividad que va a alejar cualquier inversión del campo. Crean el principio de permanencia agraria, que significa que si usted invade una finca, pero tiene cualquier cultivo, pues simplemente no lo puede sacar ni siquiera un juez. Crean una desigualdad loquísima, que es que el débil y el fuerte, y que hay privilegios para el débil, y uno se pregunta, ¿quién es el débil, el invasor o el invadido”, afirmó la senadora Paloma Valencia.

El proyecto entra ahora a la comisión primera del Senado y se espera que se designen ponentes a la mayor brevedad.