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Queremos respaldo del Estado: personeros en manifestaciones por asesinato de Jimmy Rosero

Las Personerías en todo el país han cerrado sus puertas, atendiendo solo casos urgentes, como protesta ante la falta de apoyo estatal.

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Gobernador de Nariño en funeral de personero asesinado.
Foto: Blu Radio.

El asesinato de Jimmy Rosero, personero de Cumbitara, Nariño, ha llevado a que personeros de todo el país protesten exigiendo protección del gobierno. Rosero fue secuestrado y asesinado por las disidencias de las FARC , que además usaron su cuerpo como trampa al dejarlo en un campo minado, lo que complicó su recuperación.

Jesualdo Arzuaga, director de Fenalper, habló en Mañanas Blu 10AM sobre la situación crítica que enfrentan: “Le pusieron un cartel que decía 'por sapo' y lo dejaron en un campo minado. La muerte de Jimmy Rosero no es una cifra más; es un atentado contra quienes defienden los derechos humanos”.

>>> Lea también: Familiar de personero asesinado: “Que reflexionen y piensen lo que están haciendo"

Actualmente, las Personerías en todo el país han cerrado sus puertas, atendiendo solo casos urgentes, como protesta ante la falta de apoyo estatal. Arzuaga destacó que hay más de 110 personeros amenazados en Colombia, pero el presidente Gustavo Petro no ha respondido a sus llamados. Hasta ahora, la única figura estatal que ha mostrado solidaridad es la Defensora del Pueblo.

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"Queremos el respaldo del Estado en pleno. Hasta ahora, la única representante del Estado del más alto nivel que ha manifestado su solidaridad con los personeros municipales es la defensora del Pueblo . De resto, el resto de mandatarios brillan por su ausencia. Ni el personero ni el presidente Petro, que fue personero municipal, dicho sea de paso, fue su primer cargo en Zipaquirá, ha manifestado ni siquiera un mensaje de solidaridad con la familia de este personero amenazado”, agregó Arzuaga.

El temor de los personeros es claro: que la falta de protección y respuesta por parte del gobierno siga dejando a las comunidades en riesgo. Por eso, exigen que el Estado brinde el respaldo necesario para continuar con su labor de defensa de los derechos humanos.

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