¿Qué hay detrás de las denuncias de corrupción en programa de sustitución de cultivos?

No para la polémica después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en Tumaco, cuando dijo que el programa de sustitución de cultivos en el gobierno del expresidente Santos se había convertido en un “antro de corrupción”, lo cual fue respondido en tono enérgico por el exmandatario y sus exfuncionarios. El jefe de Estado habló de la entrega de dineros a operadores que terminaron en fiducias que no llegaron a las comunidades.

Blu Radio encontró el documento del contrato 262 de 2020 donde el Fondo Colombia en Paz contrató a la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, precisamente para ser operador en la intervención del programa para la planeación, formulación, implementación y seguimiento de proyectos productivos y de huerta casera. Fueron seleccionados por el programa nacional integral de sustitución – PNIS. Un contrato de 75.402 millones de pesos.

La OEI volvió al ojo de la opinión pública el 31 de julio cuando el presidente Petro señaló: “Cerrando nuestro consejo de ministros he pedido centralizar toda la información de contratación en el pasado gobierno con la Organización de Estados iberoamericanos, OEI (…) La información debe contener volúmenes de contratación, total de los dineros públicos girados y niveles de ejecución real de los programas y proyectos”.

Y es que volviendo al contrato para la operación de los proyectos productivos, se encuentra que varias de las firmas interesadas en el proceso se manifestaron en contra de que la OIE pudiera participar con un antecedente de incumplimiento en contratación.

Por ejemplo, la firma Prosperidad Infinita advirtió: "La OEI tiene un contrato con el DPS desde el año 2017 y aún no ha terminado por el incumplimiento de ellos. Cómo invitan a una Organización de esta a participar en una convocatoria y lo decimos por la convocatoria cerrada donde esta entidad los invito, cuando esta no ejecuta, sino que subcontrata. HACE NEGOCIO CON LOS CONTRATOS DEL ESTADO (sic)”.

Justamente la resolución 514 de 2019 de Prosperidad determinó cerrar el proceso por presunto incumplimiento, sin embargo, en los antecedentes de ese documento se aclara que se hace después de una conciliación en donde la OIE tuvo que reintegrar 381 millones de pesos después de que la supervisora del contrato relacionara siete presuntas vulneraciones contractuales como incumplimiento de plan de choque, anexos técnicos, cronogramas que no cumplen tiempos y falta de respuesta a requerimientos, entre otros.

Las advertencias de la Procuraduría

En el tercer informe al Congreso sobre el estado de avance de la implementación del acuerdo de paz (Abril 2020-Marzo 2021) se hace referencia a este contrato y se advierten algunas posibles irregularidades, que fueron reseñadas como “oportunidades de mejora”.

"Las diferencias entre los precios locales conocidos por los beneficiarios y los precios del mercado ofrecidos por los proveedores para la entrega de materiales e insumos, ocasionaron quejas y alertas por parte de los beneficiarios por presuntos sobrecostos”, se señalaba y se decía que aunque se recibió respuesta del cuestionamiento, el Gobierno debía tener un mecanismo para hacer seguimiento.

“El reducido uso de las instancias de participación territorial del PNIS para socializar los avances de la ejecución de los contratos de los operadores, generó desconfianza por parte de los beneficiarios”, fue otra de las alertas de la Procuraduría.

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