Hace casi un año, en el mes de agosto de 2021, la JEP imputó a 15 personas, la mayoría militares, por casos de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2005 por miembros del Batallón La Popa, con sede en Valledupar.
En el auto, esta jurisdicción señalaba que entre esos años algunos miembros del Ejército hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro del Batallón La Popa, dejando 127 víctimas en 71 hechos ocurridos, principalmente en el norte del Cesar y sur de La Guajira.
De los 15 imputados, 12 aceptaron su responsabilidad y es por esto que la JEP los llamó a que en Valledupar, los días 18 y 19 de julio, reconozcan públicamente su participación en estos delitos.
“El fin de este reconocimiento es rehacer un sentido de la dignidad, nombrar a las personas como seres humanos que debieron ser cuidados y protegidos. En el caso de las personas dadas por desaparecidas, el reconocimiento implica la aceptación de la voluntad que tuvieron los miembros de la fuerza pública y terceros civiles involucrados de negar el paradero del ser querido pese al sufrimiento de sus allegados por largos periodos de tiempo”, explicó la JEP.
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Las víctimas aseguran que tienen expectativas frente a estas audiencias, pues esperan que sea el momento para que ellas y todo el país conozcan la verdad; aclaran, además, que esperan que estas 12 personas imputadas como máximos responsables, acepten una responsabilidad directa en estos casos.
“Es decir por participación directa, por acción y no por omisión, creo que es una exigencia por parte nuestra, no vamos a aceptar que nos digan que se enteraron años después o que no sabían lo que estaba pasando, tenemos claro que la participación de estos 15 militares, incluso los tres que no reconocieron, es por acción y la expectativa es alta”, explicó Laura Piña, víctima de falsos positivos.
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Cuando las 15 personas fueron imputadas, hubo tres militares que no aceptaron su responsabilidad en estos hechos y ahora deberán enfrentar un juicio adversarial ante la JEP.
El coronel (r) Publio Hernán Mejía comandó el Batallón entre los años 2002 y 2004, y que, según la JEP, el 87 % de los resultados operaciones registrados durante su comandancia habrían sido falsos positivos.
En enero de 2004 Mejía dejó la comandancia de La Popa y es el coronel (r) Juan Carlos Figueroa quien asume el puesto, según la JEP, esta unidad militar bajo su cargo tiene responsabilidad en 52 ejecuciones extrajudiciales. El paradero de Figueroa hasta ahora es incierto y no se ha presentado ante la Jurisdicción Especia para la Paz, pese a ser llamado.
Asimismo, el coronel (r) José Pastor Ruíz Mahecha, pidió a la JEP anular la imputación que le hicieron por esos casos de falsos positivos, pues según él este mecanismo de justicia transicional no lo podía obligar a comparecer y añadió que prefería quedarse en la justicia ordinaria.
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Estos militares ahora enfrentarán un juicio adversarial en la JEP y si son vencidos perderán los beneficios de la justicia transicional y podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión.
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