Al final de un evento académico en la Universidad Santiago de Cali, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez reveló graves fallas que se están presentando en el Departamento de Prosperidad Social -DPS - para atender a la población más vulnerable del país.
Dijo que después de una auditoría financiera a la vigencia 2023, la Contraloría encontró que se está pagando a beneficiarios del Programa Jóvenes en Acción que declararon renta de los años gravables 2021 y 2022, y por eso no hace parte de la población en pobreza y mucho menos en pobreza extrema.
Aseguró que se siguen presentando casos de pagos de subsidios a personas fallecidas y personas que no cumplen las exigencias legales para cobrar los subsidios.
“Realizamos una auditoría financiera al DPS sobre la vigencia 2023, donde encontramos algunas falencias en materia presupuestal, en este tema encontramos que hay insuficiencias en el ordenador del gasto, hemos evidenciado fallas en los pagos a beneficiarios fallecidos, hay otros que no cumplen los requisitos legales para acceder a los recursos cobrando los incentivos sin tener derecho a ello, por ejemplo, encontramos beneficiados en el programa Jóvenes Acción que declararon renta", manifestó Rodríguez.
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En esta auditoría se evaluaron los estados financieros de Prosperidad Social al 31 de diciembre de 2023 y se establecieron 21 hallazgos administrativos de los cuales 17 tienen presunta incidencia disciplinaria y 10 con incidencia fiscal por $108.869.283.650. Adicionalmente, se solicitaron 2 aperturas de Indagación Preliminar por $46.717.108.000.
Durante la vigencia 2023, Prosperidad Social contó con una asignación de $9.8 millones, distribuida en 18 proyectos de inversión, la cual tuvo una ejecución total a nivel de compromisos de solo el 85%. Se presentó una pérdida de apropiación en la vigencia auditada de $1.459.369.495.179, correspondiente a 15 proyectos de inversión.
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Para la vigencia 2023, la baja ejecución de los programas de inversión de Prosperidad Social se dio por debilidades en los trámites de aprobación de vigencias futuras, ampliación de cronogramas para la revisión y aprobación de las fichas técnicas, demoras en la investigación de mercados y análisis del sector, y de igual forma en los estudios previos y publicación de procesos contractuales, entre otras.
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