Esta iniciativa fue presentada por los congresistas María del Mar Pizarro, Alfredo Deluque, Humberto De La Calle, Heráclito Lendínez, Julio Alberto Elías Vidal, Julián David López Tenorio, Carlos Ardila y Katherine Miranda, además cuenta con el respaldo de todas las bancadas.
Este busca desarrollar el derecho fundamental a acceder, participar, beneficiarse y gozar del progreso científico y tecnológico. Este reconocimiento, según ellos, se fundamenta en múltiples sentencias de las altas cortes, así como en normas internacionales que ya hacen parte del bloque de constitucionalidad colombiano y está estrechamente ligado al derecho a la movilidad, reconociendo el impacto de los avances digitales en la manera en que los ciudadanos se movilizan en entornos urbanos.
Dicho proyecto se basa en convenios internacionales que ya fueron ratificados por Colombia, en distintas sentencias de las altas cortes y, en particular, en la sentencia SC370-2023 de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce que en las plataformas de economía colaborativa se materializa el derecho humano a disfrutar de los avances de la ciencia y la tecnología.
Básicamente, lo que quiere es introducir obligaciones en seguridad, calidad y transparencia para plataformas digitales de movilidad y conductores que operan a través de ellas, a eso se le suma la creación de una estrategia nacional de desregulación para taxis, que busca equilibrar la cancha y remover trámites, cargas y barreras que hoy afectan a los taxistas colombianos, dándole al Gobierno nacional un plazo de un año para modernizar y alivianar la regulación de los taxis.
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Un punto clave para sus defensores es que se incluye un criterio de perspectiva de género, para que el desarrollo de estos derechos contribuya a la reducción de las brechas que perjudican a las mujeres colombianas.