La Procuraduría asumió por poder preferente las indagaciones que adelantaba la Inspección General y la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional por las muertes ocurridas en medio de las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre.
El Ministerio Público tendría ya una lista con los nombres de algunos de los uniformados identificados que habrían disparado en medio de las protestas por la muerte del abogado Javier Ordóñez.
En ente de control dice que ya examina las pruebas para identificar totalmente a los uniformados involucrados en los hechos y que presuntamente cometieron excesos en el uso de la fuerza y violación de derechos humanos.
Puntualmente se indaga la muerte del menor Jaider Alexander Castillo y de los ciudadanos Julieth Ramírez Meza, Germán Smith Puentes, Andrés Felipe Rodríguez, Fredy Alexander Mahecha, Angie Paola Baquero, Mauricio González, Cristian Camilo Hernández, Lorwan Stiven Mendoza, Anthony Gabriel Estrada Espinosa y Cristian Andrés Hurtado.
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Para tal fin, el ente de control disciplinario analiza los videos de cámaras de vigilancia y todo el material que ha recaudado la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales en los procesos penales en la justicia ordinaria.
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La Procuraduría también adelanta dos procesos por la muerte de Javier Ordóñez y está en la etapa de recolección de testimonios dentro del juicio contra los patrulleros Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes aparecen en un video propinando varias descargas eléctricas con una pistola taser.
El ente de control hizo un llamado a la no dilación del proceso pues el juicio inicio el 1 de octubre y los patrulleros llegaron sin abogado, se les ofreció de oficio y lo rechazaron. Luego, cuenta el Ministerio Público, se decidió dar más días para que conocieran el expediente y el 5 de octubre en una nueva audiencia pidieron nuevamente aplazamiento el cual fue negado. Y en la audiencia del miércoles, cuando se recogieron varios testimonios, el patrullero Juan Camilo Lloreda despidió a su abogado y pidió la nulidad de todo lo actuado porque no tenía un abogado de confianza. Esa solicitud fue negada por la Procuraduría.
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