La Procuraduría General de la Nación, en un llamado preventivo, solicitó a los 32 gobernadores y a 64 alcaldes de distritos y municipios certificados, para que entreguen un informe detallado respecto de sus obligaciones para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos servidos a los estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en especial a lo concerniente con las condiciones de sanidad y salud pública.
Los mandatarios locales también deberán reportar las actividades de inspección, vigilancia y control realizadas en lo corrido del año, precisando especialmente las visitas en sitio realizadas por la administración para verificar las condiciones de prestación del servicio de alimentación escolar, los resultados y las medidas adoptadas, en caso de haber evidenciado falencias en la ejecución.
Así mismo deberán precisar el cronograma de visitas de verificación que se adelantarán en lo que resta del año 2022, indicando la fecha tentativa de su realización, para coordinar acompañamiento del Ministerio Público en estas diligencias.
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Cabe recordar que, en los últimos días, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, anunció modificaciones al programa como por ejemplo extender los beneficios del PAE hasta en el periodo de vacaciones y receso escolar.
Recordemos que a principio de octubre la Procuraduría General de la Nación informó que se hallaron posibles inconsistencias en el reporte que entregaron las alcaldías de Piedecuesta, Girón y Bolívar (Santander) en los recursos girados a los operadores del PAE.
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Según el Ministerio Público, en estos tres municipios se habrían presentado inconsistencias en los recursos asignados y porcentaje comprometido en un escándalo más que se registra en este programa.
"El reporte de la información debe ser confiable, veraz, oportuno y preciso y que el no envió de información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados puede constituir un riesgo para la prestación adecuada de los servicios alimenticios del PAE”, señaló el Ministerio Público en su momento.
La Procuraduría realiza indagaciones sobre inconsistencias en los recursos del PAE en 36 municipios del país.
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