A la Corte Constitucional llegó una tutela interpuesta por Rodolfo Hernández contra la Procuraduría General de la Nación, en la que el exalcalde le reclama por haberle violado supuestamente sus derechos políticos al ser suspendido durante tres meses como alcalde de Bucaramanga, luego de golpear al concejal Jhon Claro.
La sala quinta de revisión de tutela de la Corte Constitucional determinó que el exmandatario sí podía ser suspendido por el Ministerio Público.
“La Procuraduría General de la Nación es competente para investigar y sancionar a servidores públicos de elección popular, función que comprende la posibilidad de imponer la suspensión provisional; la suspensión provisional puede aplicarse desde la apertura de la investigación disciplinaria; el actor, según la PGN, incurrió en faltas que pueden ser calificadas como graves o gravísimas porque su actuar podía desconocer imperativos legales que velan por la moralidad y la responsabilidad en la gestión pública, la trascendencia social de la posible falta y el grado de perturbación del servicio”, explicó la corte.
Rodolfo Hernández, renunció como alcalde de Bucaramanga, luego que en otro proceso la Procuraduría General de la Nación, lo suspendiera por tres meses por participación en política a favor de un candidato.
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