La Procuraduría salió al paso a las críticas de diferentes sectores por la entrada en vigencia de un decreto a través del cual se crean más de 1.200 cargos y aseguró en un comunicado que “la provisión de estos cargos, que será gradual durante 2022, no generará adiciones al presupuesto ordinario apropiado a la Procuraduría General de la Nación, que corresponde al 0.29% del presupuesto nacional, es decir, similar y constante al apropiado anualmente desde el año 2017”.
En un comunicado de 10 puntos, el Ministerio Público explica que la creación de estos cargos se da como consecuencia de la aplicación del nuevo código disciplinario que impidió la prescripción de 13 mil procesos disciplinarios y para fortalecer la capacidad de respuesta de la Procuraduría ante los más de 75 mil procesos disciplinarios activos que se recibieron en enero de 2021.
La Procuraduría explica que los cargos a proveer son de diferentes niveles y buscan el fortalecimiento de la función disciplinaria, de acuerdo con las necesidades del servicio, buscando promover políticas como la de primer empleo y la de la profesionalización de la planta de la Procuraduría General de la Nación El 89% de los empleos a crear (1.080) son de carrera administrativa. El 22% del total de cargos a crear (269) corresponde a promover el acceso al programa del primer empleo.
Igualmente, explicó que estos cargos han sido coordinados por elDepartamento Administrativo de la Función Pública , bajo un estudio el que se analizaron las cargas laborales, la planta existente de la Procuraduría y las competencias asignadas.
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“Este estudio concluyó que las necesidades y demandas de la Procuraduría para implementar la Ley 2094 de 2021 y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana eran imposibles de satisfacer con la planta de personal actual, por lo que recomendó ampliarla en diferentes niveles”, señala la Procuraduría.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo en entrevista con Mañanas BLU que el gasto con la creación de puestos en la Procuraduría ya fue contemplado y se incluyó en el Presupuesto General de la Nación para 2022. El gasto, según el funcionario, será de 160.000 millones de pesos.
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“Este es un aumento que se genera por la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene un origen legal. El propósito es cumplir con las modificaciones a la doble instancia disciplinaria, que debe ser realizada por actores distintos. Esto se materializó en la ley 2094 de 2021”, indicó Restrepo.
“El propósito es garantizar el cumplimiento de obligaciones de garantías procesales. Eso implicó que el Ministerio de Justicia, el departamento Adminsitrativo de la Función Pública hiciesen un análisis de las necesidades de procuraduría. Como Ministerio de Hacienda tengo que cumplir con las órdenes legales e internacionales”, agregó el funcionario.
Escuche este informe en Meridiano BLU:
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