La Procuraduría General de la Nación formuló observaciones al proceso de selección, producción y distribución de Bienestarina alInstituto Colombianos de Bienestar Familiar. Este valor sería por 1.153.820.147.293
El Ministerio Público solicitó a la directora del ICBF, Lina María Arbeláez, el documento que demuestre el análisis desde lo técnico, jurídico y financiero realizado por el instituto, para establecer la pertinencia y ventajas de contratar mediante prestación de servicios y no adjudicar una concesión u otro tipo de contrato el millonario contrato.
Según la Procuraduría, el ICBF deberá indicar si la elaboración de nuevos productos, que se definirían durante la ejecución del contrato, podría afectar la producción de los ya existentes y puede afectar un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.
También se presentaron observaciones respecto a las razones técnicas y jurídicas para que el Instituto determine no hacer ningún reconocimiento económico al contratista por cambios en las cantidades a distribuir de Bienestarina, entre otros aspectos.
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El ente de control también requirió información sobre el modelo de negocio del actual contrato, así como las obligaciones y compromisos del contratista.
Así mismo el Ministerio Público le solicitó al ICBF que deberá remitir copia del contrato que se encuentra en ejecución para la producción y distribución de Bienestarina en el país.
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Frente a la solicitud hecha por el órgano de control, el ICBF, por el momento, no se ha pronunciado.
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