Procuraduría pide tumbar norma que pone en desventaja comunidades afro para contratar con el Estado

Las comunidades afro y raizales deben tener igualdad a la hora de contratar con el Estado, así lo dijo laProcuraduría en un concepto que hizo llegar a la Corte Constitucional. El ente de control pide que se tumben las normas que ponen en desventaja a estas comunidades.

El concepto se envió porque en la Corte cursa una demanda de inconstitucionalidad del ciudadano José Valdés Padilla contra las expresiones que se subrayan enseguida de los artículos 1° y 2° de la Ley 2160 de 2021, que dicen que las comunidades debían estar incorporadas o inscritas con una antigüedad de 10 años en el Ministerio de Interior para poder contratar con el Estado, para Valdés eso constituye discriminación.

Según la demanda, los demás si pueden contratar con el Estado, sin ningún tiempo de acreditación, por lo que le parece discriminatorio que estas comunidades tengan que acreditar que son afro o raizales desde dicho tiempo de antigüedad.

“La privación a organizaciones, demás formas y expresiones organizativas de contratar en la modalidad directa con las entidades estatales sino no tienen 10 años en el Registro que lleva el Ministerio del Interior, posterga injustamente el desarrollo colectivo, económico, social, territorial, educativo y autónomo de gran parte de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se ubican en áreas urbanas, territorios tradicionales y/o ancestrales de conformidad con los resultados arrojados por el Censo Dane de Población 2018”, se mencionó en el concepto.

Ahora, la Procuraduría mencionó que esta medida es desproporcional, porque se desconocería la igualdad que está prevista en la Constitución del 91. Por esto pidió a la Corte que tumbe los 10 años que se le exigen a estas comunidades para contratar con el Estado.

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