La Procuraduría le envió una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que le pidió información detallada sobre la destinación de cerca de 7 billones de pesos asignados a su cartera por parte del Presupuesto General de la Nación para el año 2024.
El documento conocido por Blu Radio, concentra su atención en una apropiación inicial de 5 billones de pesos, según se lee en la página web del Ministerio de Salud, destinados para el “apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993”.
Frente a esos recursos, la Procuraduría le pidió al ministro de Salud, “identificar los proyectos aprobados y relacionar los proyectos y subproyectos a los que se van a asignar recursos por más de 5 billones de pesos” y también pidió “remitir la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiaria (Empresas Sociales del Estado Beneficiarias).
De otra parte, la Procuradora Diana Ojeda le pidió al ministro Jaramillo que explique en detalle los 14 planes, programas o proyectos en los que el Gobierno pretende invertir cerca de 1 billón 871 mil millones de pesos de los recursos de la salud, especificando “su fundamento jurídico, la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada).
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Uno de los programas que llamó la atención de la Procuraduría es el llamado “Colombia como territorio saludable con APS a partir de un modelo preventivo y predictivo – recuperación y fortalecimiento de infraestructura y centros de atención primaria en salud para la vida”, que tiene una apropiación presupuestal disponible de 430 mil millones de pesos.
Otro plan que ha resultado llamativo es “determinantes sociales en el marco del modelo preventivo y predictivo – Territorios saludables para la vida”, con una apropiación presupuestal de 826 mil millones de pesos, del que no se conocen mayores detalles de su ejecución ni de sus objetivos.
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Finalmente, la Procuraduría le pidió al ministerio de Salud informar si los recursos previstos en el rubro “apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993”, financiarán el 5 por ciento de la UPC para los equipos básicos de salud, que es uno de los puntos polémicos de la reciente resolución con la que el Gobierno Nacional pretende implementar vía resolución, el eje de la reforma a la salud cuyo trámite sigue “empantanado” en el Congreso de la República.