Blu Radio tuvo acceso al documento de 980 páginas del seguimiento que hace la Procuraduría General de la Nación
a la implementación del acuerdo de paz y, en este caso, hay varios llamados de atención por parte del Ministerio Público al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), e, incluso, a la Fiscalía General de la Nación por la protección de líderes sociales y firmantes de paz.
Las cifras
Solo en 2023 se presentaron 94 masacres con 300 víctimas, 118 líderes sociales y 45 firmantes de paz asesinados. Ahora, al 18 de noviembre del año pasado ocurrieron 23 masacres con un saldo de 69 líderes sociales y 10 firmantes de paz asesinado.
Con el recrudecimiento de la guerra y la ola de violencia que azota al Catatumbo, varios expertos aseguran que esta cifra podría ascender en lo que tiene que ver con los asesinatos de los firmantes del acuerdo de paz.
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Otra de las observaciones que le hace la Procuraduría a la Fiscalía es que realice una verificación exacta del numero de firmantes asesinados, esto, porque las cifras que entregó el ente acusador contrastadas con las de las organizaciones de la sociedad civil y varias ONG podrían no ser exactas.
El llamado de atención a Ministerio del Interior y a la UNP tiene que ver precisamente con esos programas de seguridad y protección para salvaguardar la integridad de los firmantes del acuerdo de paz y líderes sociales en el país y, aunque la Procuraduría reconoce ciertos avances, aseguran que persisten varias dificultades que se han venido advirtiendo en informes anteriores relacionadas con el bajo avance en la modernización de la UNP, y que las medidas de protección pues son incompletas (existen 497 medidas pendientes por implementar).
Finalmente, el Ministerio Público reconoció importantes avances, como la adopción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección y el incremento de mujeres en los cuerpos de seguridad, sigue poniéndole la lupa al Gobierno en la protección de esa población en particular.