Procuraduría investiga presuntas irregularidades en proceso de licitación con el Sena

En la mañana de este domingo, 19 de noviembre, la Procuraduría anunció que investigarán posibles irregularidades en la expedición de la resolución que revocó la apertura del proceso de licitación pública de los servicios tecnológicos del Sena, sin que existieran argumentos jurídicos ni técnicos que justificaran esa decisión.

Entre los nombres que entregó el Ministerio Público está el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, y otros cuatro funcionarios, por presuntas irregularidades en el trámite de contratación de servicios tecnológicos para distintas sedes de la entidad, proceso que tiene un valor superior a un billón de pesos.

“Los otros funcionarios a quienes se les abrió investigación son el jefe de la Oficina de Sistemas, Carlos Martín Coy Rodríguez, quien fue suspendido provisionalmente por tres meses; la directora Jurídica, Manuela Valentina García Cano, y la funcionaria María Ofelia Gallo Sisa”, informó el órgano de control.

Además, se investigará si la firma de esa resolución pudo haber afectado derechos jurídicos del proponente Unión Temporal Sena 2.0., y si por tal razón la entidad debió solicitar su autorización para revocar el proceso de licitación.

Cabe recordar que el único proponente que es la UT Sena Digital 2.0 aseguró hace unos días que la propuesta que ellos presentaron "cumple con todos los requisitos" por lo que mostraron su inconformismo ante la decisión.

Las demoras que ha tenido este proceso de licitación es por cuenta de las decisiones del Gobierno nacional de promover que este tipo contratos se otorguen bajo un concurso de competencias entre varios oferentes; situación similar a la que se vivió con el contrato para delegar la realización de pasaportes con la empresa de seguridad Thomas Greg and Sons.

Con la apertura de la investigación, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

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