La Procuraduría General de la Nación sostuvo que aún persiste el incumplimiento de las metas de reparación colectiva a las víctimas, así como de reubicación de la población desplazada como consecuencia del conflicto armado.
A través del ‘Sexto informe al Congreso de la República sobre la implementación del Acuerdo de Paz’, en el que se analizó el avance de los seis puntos del Acuerdo entre abril de 2023 y marzo de 2024, el órgano de control indicó que las víctimas siguen encontrando dificultades para acceder a las ofertas de reparación destinadas para ellas en las zonas rurales dispersas.
Además, el órgano de control reiteró la importancia de lograr una mayor articulación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con las medidas de reparación integral para las víctimas de desplazamiento forzado, pues de las 33.007 iniciativas planteadas en los PDET, solo el 0,5 % se cruzan con acciones de los Planes de Retorno y Reubicación.
La Procuraduría insistió en que se siguen presentando rezagos en la reparación a las mujeres y a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa que fueron víctimas del conflicto y, además, advirtió que la información reportada por algunas de las entidades encargadas del tema no permite reconocer en su totalidad las orientaciones sexuales e identidades de género de los beneficiarios.
En el desarrollo del informe, la Procuraduría evaluó el impacto de 451 recomendaciones emitidas en el Quinto Informe, las cuales estuvieron dirigidas a cerca de 80 entidades e instancias responsables de su ejecución. De estas, el 49 % (177) fueron acogidas totalmente, el 33 % (121) aceptadas parcialmente, y el 18 % (64) no fueron acogidas.
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