La Procuraduría General de la Nación adelanta nuevas actuaciones disciplinarias por hechos relacionados con posibles actos de abuso sexual por parte de miembros delEjército Nacional contra menores de edad indígenas en el departamento de San José de Guaviare.
Una de las medidas que tomó la Procuraduría fue la de abrir investigación disciplinaria contra el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Joaquín Mendieta Silguero, quien, al parecer, sabía de los abusos sexuales contra menores de edad indígenas y no habría desplegado las medidas de protección necesarias luego de una publicación hecha en medios de comunicación.
El director del ICBF regional Guaviare será escuchado por el procurador regional de instrucción de ese departamento el 23 de enero de 2023, a las 9:00 de la mañana, para que rinda su versión respecto de los hechos materia de investigación.
Asimismo, el ente de control solicitó a la dirección territorial del ICBF en Guaviare información sobre todas las actuaciones administrativas de restablecimiento de derechos de esta población adelantadas en los años 2022 y 2023, relacionadas con hechos de abuso sexual de niñas indígenas.
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Por otro lado, requirió copia de las denuncias penales interpuestas por funcionarios estatales de dicha entidad territorial frente a este tipo de casos, en los mismos años.
Por otra parte, la Procuraduría delegada disciplinaria para la Fuerza Pública, inició una indagación previa contra militares por establecer, que busca identificar otros posibles hechos de abuso sexual contra niñas indígenas de Guaviare.
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La Procuraduría está investigando y trata de establecer el nombre y ubicación exacta de todas las unidades militares asentadas en el Guaviare, nombres y datos de quienes las comandaron entre 2019 y 2023.
El ente de control solicitó a la Inspección General del Ejército Nacional y el Batallón de Infantería de Selva No. 18 ‘José Joaquín París’ información sobre quejas contra militares por este tipo de conductas, recibidas en los últimos cuatro años.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público requirió información a la Fiscalía General de la Nación, a la Personería de San José de Guaviare y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Guaviare, para establecer la existencia de otros hechos de esta índole en esta zona del país.
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