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La Procuraduría le exigió al Gobierno nacional garantizar la seguridad de 40 familias firmantes de paz que salieron desplazados de San Vicente del Caguán, en el Caquetá, en medio de los enfrentamientos entre las disidencias del EMC y la Segunda Marquetalia.
El pronunciamiento fue hecho en el marco de la mesa técnica de seguridad y protección donde asistieron el comisionado de paz Otty Patiño, y la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, así como el director de la UNP, Augusto Rodríguez, entre otras autoridades.
Durante el encuentro se analizaron las causas del desplazamiento y como consecuencia de ello, la procuradora delegada para el seguimiento al acuerdo de paz, Diana Niño, instó al componente de Gobierno a que exigiera, no como una mera solicitud comedida a los delegados en los diálogos de paz con las disidencias y la Segunda Marquetalia “respetar la vida e integridad de los firmantes del acuerdo asentados en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Miravalle”
Para el miércoles 10 de julio, la Procuraduría convocó a una comisión del Ministerio Público en Caquetá para evaluar las respuestas institucionales que se están generando desde el alto nivel del Gobierno nacional y da así garantías a por lo menos 40 familias amenazadas y las condiciones en que se desplazarían a otro espacio territorial de la región.
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Cabe recordar que las familias asentadas en la vereda Miravalle de San Vicente del Caguán, publicaron un comunicado el pasado 27 de junio, en donde anunciaron su reubicación ante los continuos enfrentamientos de los grupos armados y en el cual instaron al Gobierno y a la comunidad internacional a darles garantías de seguridad y renunciado retornar a las armas.
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