Procuraduría envió reparos frente al proyecto para compra de tierras y extinción de dominio

La Procuraduría General de la Nación presentó 11 observaciones críticas al decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Ruralal Ministerio de Agricultura. Allí, argumentaron que el Gobierno nacional podría estar excediendo su autoridad al introducir nuevas causales de extinción de dominio sin "un fundamente legal adecuado".

La entidad enfatizó que la postead reglamentaria del Gobierno nacional "no es absoluta" y debe estar en consonancia de la ley. Señalaron que las normas reglamentadas correspondían a las versiones originales de la Ley 160 de 1994, lo que podría exponer la nueva regulación a carecer de un carácter completo y sistémico.

Asimismo, la Procuraduría cuestionó la causal de extinción de dominio por uso de predios con contaminación de fuentes de agua o violaciones ambientales, argumentando que no cualquier incumplimiento de las normas debería justificar la intervención unilateral de la autoridad agraria.

"Sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, incluidas como otra causal de extinción de dominio, se expresó que las zonas de reserva agrícola no son equiparables con las áreas de Protección para la Producción de Alimentos, aunque tengan fines dirigidos a la protección del suelo agropecuario y la producción de alimentos”, señaló el documento.

Dentro del proyecto, según el Ministerio Público, se observan modificaciones sin soporte legal en procedimientos y trámites, como la inversión probatoria y la eliminación de la visita al predio para garantizar la veracidad de la explotación.

Al igual que la Procuraduría señaló "una ambigüedad" en el proceso de adquisición de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y se cuestionó la terminación anticipada del proceso de extinción de dominio y la compra de una parte del predio al propietario, que se considera poco justificada en el proyecto.

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