La Procuraduría General de la Nación desmintió al Gobierno Nacional por el polémico contrato entregado a la Unión Temporal Disproel, de la cual hace parte Thomas Greg, para manejar la logística de la elección a las Juntas Administradoras Locales (JAL) de 42 municipios y la votación para conformar dos Áreas Metropolitanas. Según el ente de control, el convenio de 41 mil millones de pesos entre esa entidad y la Registraduría se realizó bajo los términos correctos.
En primer lugar, es necesario recordar que fue el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien pidió al registrador, Hernán Penagos, suspender el contrato porque, según la denuncia, se habían identificado “posibles acciones que podrían limitar el acceso plural de oferentes en el proceso de selección”. Además, el secretario Idárraga aseguró incluso que la Procuraduría no cumplió con la ley y, por el contrario, sirvió de garante de los negocios privados. “Fueron a lavarle la cara al registrador, abandonando el ejercicio de sus funciones”, afirmó Idárraga.
Frente a esto, desde el Ministerio Público aseguraron que ejercieron vigilancia sobre el proceso de selección No SA 06 de 2024, solicitado por la Registraduría, y no encontraron riesgos en los documentos revisados. “Participamos en la audiencia de divulgación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta, convocada públicamente a través del Secop. Durante la audiencia, ni la Secretaría de Transparencia ni ninguna entidad, veeduría o ciudadano intervino para hacer pronunciamientos o reparos sobre el procedimiento y la decisión de la Registraduría”, informó el ente de control.
Bajo dicho panorama, la Procuraduría reitera que, en su momento, no hubo ningún acto irregular dentro del convenio. De igual forma, cabe recordar que Thomas Greg ha sido contratada por la Registraduría desde 2010 y ha ganado prácticamente todas las convocatorias para la logística de las elecciones sin contar con competidores.
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