
La Procuraduría cuestionó que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP ), haya atribuido a los exmiembros de secretariado de las Farc una “responsabilidad de mando”, cuando, en criterio del Ministerio Público existen bases suficientes para entender que los exintegrantes del secretariado fungieron como autores mediatos conjuntos dentro de un aparato criminal organizado de poder para ejercer un control absoluto sobre los cuerpos, la sexualidad e intimidad de menores y mujeres reclutadas.
“La Sala omitió reconocer que existió una política de facto no escrita que permitió y promovió actos de violencia sexual al interior de las filas guerrilleras”, advirtió el documento de la Procuraduría.
La Procuraduría fue más allá al señalar que, además del reclutamiento forzado, se deben imputar crímenes de lesa humanidad como persecución a pueblos étnicos, desaparición de neonatos y esclavitud sexual.

“Los cuerpos de niños, niñas y mujeres fueron instrumentalizados y violentados como consecuencia de claras relaciones de poder y dominación”, se lee en el documento.
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Entre los señalados, la entidad destaca la responsabilidad de figuras como Rodrigo Granda, quien según el informe no fue seleccionado por la JEP como máximo responsable, pese a haber sido parte del Estado Mayor del Bloque Caribe.
En otro punto clave, la Procuraduría señaló que la violencia sexual no fue resultado de omisiones individuales, sino parte de un patrón sistemático. “No se trató de fallas de mando, sino de una estrategia estructural para someter a niños y niñas bajo el control de los comandantes”.
Por último, el organismo de control, insistió en que la JEP debe calificar correctamente estos crímenes como de autoría mediata conjunta, y no como simples omisiones, además, solicitó imputar no solo crímenes de guerra, sino también de lesa humanidad de forma concurrente, al considerar que las acciones fueron masivas, sistemáticas y dirigidas contra la población civil.