La Procuraduría alertó sobre la falta de implementación para el ejercicio de la oposición. Entre otras cosas señaló que el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de las TIC “no han adelantado de manera coordinada la planeación y gestión correspondiente para garantizar la asignación de recursos para el ejercicio del acceso a los medios de comunicación social del Estado”.
El Ministerio Público dijo que en los dos años de vigencia del estatuto no se ha contado con “una partida presupuestal” para que las organizaciones de oposición tengan acceso a los medios.
“La autoridad electoral no ha reglamentado el procedimiento que permite el ejercicio de este derecho en el nivel territorial”, dice la cartera.
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También señaló que “pese a la adopción de medidas de seguridad para el ejercicio de la actividad política en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales o con la implementación del Plan Ágora para el desarrollo de la campaña electoral de autoridades locales de 2019, se presentaron hechos de violencia política en contra de candidatos de las organizaciones políticas”.
Asimismo, la cartera aseguró que las organizaciones han manifestado su preocupación sobre la efectividad de las medidas para contrarrestar los riesgos en el desarrollo de la actividad política. Dice que tampoco cuentan “con el programa de protección y seguridad con enfoque diferencial y de género para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición”.
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Adicional a ello, la Procuraduría hizo un llamado a que se “brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución”.
La Procuraduría encontró 12 registros sobre la vulneración de los derechos a la participación de la oposición, la mitad inactivas. Entre las que están inactivas está la de la Alcaldía de Bogotá, que trasladó el caso por competencia y la del Congreso, luego de que se denunciara que los senadores no hicieron el control y ejercieron los derechos que le otorga el estatuto, esa indagación fue archivada luego de que la Procuraduría se declarada inhibida.
La Procuraduría reitera la necesidad de analizar la posibilidad de efectuar la declaración política de las organizaciones políticas desde el momento en que la autoridad electoral declare elegidos a los mandatarios en los diferentes niveles nacional o territorial. Así, se podría garantizar que dentro del primer año de gobierno las organizaciones puedan ejercer la totalidad de sus derechos.
Sobre la financiación para el funcionamiento de las organizaciones de la oposición dijo que si bien el CNE ha adelantado las gestiones para cumplir lo establecido en la ley, la entidad hizo un llamado a “mejorar los tiempos de los desembolsos a los partidos y movimientos políticos y que no se constituyan reservas presupuestales”.
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