Se trata de la investigación que adelanta el órgano de control al contrato interadministrativo del 26 de enero de 2018 entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter, con el objeto prestar los servicios de asistencia técnica para un programa de intervención de medidas para la seguridad en las vías del país.
Ese contrato fue pactado por un valor de 35.000 millones de pesos con un pago adicional a los servicios prestados por Findeter de 2.800 millones con un plazo de ejecución de 12 meses, y con el propósito de reducir los siniestros, y mejorar la seguridad vial en 26 departamentos. Pero la Procuraduría tiene varios cuestionamientos.
BLU Radio conoció un documento del procurador delegado para la Función Pública, Leandro Ramos, en el que se advierte una acción preventiva al contrato. La comunicación fue recibida por el director de la Agencia de Seguridad Vial, Alejandro Maya, en el que cuestiona a la Agencia sobre la estructuración del contrato y las razones que llevaron a establecer que era mejor una contratación directa sin la competencia de varias entidades, además en el marco de la ley de garantías.
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