de director del Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio para la época de los hechos; y de dos capitanes, un subteniente, un sargento viceprimero, dos cabos segundos y un infante de marina profesional, por su presunta responsabilidad disciplinaria en un caso de posible tortura a miembros de esta fuerza en desarrollo de entrenamientos militares.
Los hechos fueron dados a conocer a la opinión pública en marzo de 2015 a través de notas periodísticas y dan cuenta de presuntos maltratos consistentes en conductas crueles, agresiones, insultos y amenazas de muerte a uniformados que adelantaban el curso avanzado de combate REES (Resistencia, evasión, escape y supervivencia) en una base de entrenamiento ubicada en el departamento de Sucre.
La Procuraduría investiga si los oficiales, suboficiales e infante de marina profesional son responsables de conductas consagradas como delitos sancionables o incumplieron sus deberes al omitir reglamentos y resoluciones que estipulan las funciones propias de sus cargos.
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La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares ordenó igualmente visitas especiales al Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio, al Juzgado 110 de Instrucción Penal Militar y a la Inspección General de la Armada Nacional; así como escuchar en diligencia de versión libre a los uniformados implicados.
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