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de director del Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio para la época de los hechos; y de dos capitanes, un subteniente, un sargento viceprimero, dos cabos segundos y un infante de marina profesional, por su presunta responsabilidad disciplinaria en un caso de posible tortura a miembros de esta fuerza en desarrollo de entrenamientos militares.
Los hechos fueron dados a conocer a la opinión pública en marzo de 2015 a través de notas periodísticas y dan cuenta de presuntos maltratos consistentes en conductas crueles, agresiones, insultos y amenazas de muerte a uniformados que adelantaban el curso avanzado de combate REES (Resistencia, evasión, escape y supervivencia) en una base de entrenamiento ubicada en el departamento de Sucre.
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La Procuraduría investiga si los oficiales, suboficiales e infante de marina profesional son responsables de conductas consagradas como delitos sancionables o incumplieron sus deberes al omitir reglamentos y resoluciones que estipulan las funciones propias de sus cargos.
La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares ordenó igualmente visitas especiales al Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio, al Juzgado 110 de Instrucción Penal Militar y a la Inspección General de la Armada Nacional; así como escuchar en diligencia de versión libre a los uniformados implicados.
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