La Procuraduría General de Nación investigará a directivos de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, del Cesar, por su presunta omisión de sus funciones, luego de registrarse un presunto abuso sexual en un centro a cargo de la entidad.

El Ministerio Público abrió investigación al director regional del ICBF en el departamento , Gabriel Enrique Castilla, y a la coordinadora del centro zonal, Zobeida Galván Peña, por presunta omisión en el ejercicio de sus labores de vigilancia y supervisión en la Fundación para el Desarrollo de la Infancia, Adolescencia y la Juventud.

El ente disciplinario requirió información acerca de la conducta de los investigados, cuando al parecer, habrían tenido conocimiento de los comportamientos de abuso sexual y tratos denigrantes a menores de edad a su cargo el director, representante legal y coordinador de la fundación.

La Procuraduría busca verificar la ocurrencia de la conducta de Castilla y Galván, con la finalidad de verificar si es falta disciplinaria o causal de exclusión de responsabilidad.

Por este caso fueron detenidas tres personas que están involucradas en estos hechos de presuntos abusos sexuales, en los que estaba implicado el director de la entidad, junto a dos más, luego de una alerta que emitió en su momento la directora del ICBF, Lina Arbeláez, en 2021.

Tras la detención de estas personas, la Fiscalía les imputó cargos a los involucrados por los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Por estos hechos, los 70 menores de edad que estaban en las instituciones fueron trasladados y se les continuó el restablecimiento de sus derechos.

Procuraduría General abrió indagación disciplinaria contra actual director del ICBF en Guaviare

La Procuraduría General de la Nación  adelanta nuevas actuaciones disciplinarias por hechos relacionados con posibles actos de abuso sexual por parte de miembros del Ejército Nacional  contra menores de edad indígenas en el departamento de San José de Guaviare.

Una de las medidas que tomó la Procuraduría fue la de abrir investigación disciplinaria contra el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Joaquín Mendieta Silguero, quien, al parecer, sabía de los abusos sexuales contra menores de edad indígenas y no habría desplegado las medidas de protección necesarias luego de una publicación hecha en medios de comunicación.

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