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Procurador no puede destituir un alcalde elegido popularmente: abogado de Petro

Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Retrepo, quien representa al alcalde Gustavo Petro en la demanda de 26 páginas que fue presentada...

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ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ordene, como medida cautelar, que la Procuraduría suspenda el proceso disciplinario contra el burgomaestre.

 

Barrios reveló en Mañanas BLU que la demanda es contra el Estado colombiano por incumplimiento de sus obligaciones en cabeza del procurador “quien es una autoridad administrativa con funciones disciplinarias por lo tanto no puede destituir alcaldes elegidos popularmente ya que iría contra el artículo 23 de la Comisión”.

 

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El abogado aseguró que presentan la demanda antes de que se dé el fallo porque “no hay que esperar a que se complique una situación para actuar, el procurador se extralimita en sus funciones y eso estamos demandando”, aseveró.

 

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“Aquí no estamos especulando ni levantando falsas expectativas, nos apoyamos en la jurisprudencia ya que hay violaciones a la Convención Americana”, puntualizó el abogado.

 

La demanda se presenta por la investigación que adelanta la Procuraduría contra el burgomaestre por las presuntas irregularidades en la implementación del sistema de aseo en la capital del país.

 

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El Ministerio Público abrió un proceso disciplinario por tres cargos contra el alcalde de Bogotá, a causa del sistema de recolección de basuras en Bogotá y que, según dijo, se instauró con irregularidades.

 

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La Procuraduría dio a conocer que luego de recoger pruebas y escuchar en versión libre al propio alcalde, decidió formular pliego de cargos contra Petro, quien el 18 de diciembre hizo entrar en vigor un nuevo esquema de recolección de basuras.

 

El juicio disciplinario se abrió, informó la Procuraduría, por la expedición del decreto por el que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) entregó el manejo del sistema de recolección de basuras a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad.

 

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También por el decreto 564 del 14 de diciembre, en el que habría violado el principio de libertad de empresa al impedir que operadores privados de basura prestarán el servicio.

 

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Asimismo por el decreto 570 del 14 de diciembre, que autorizaba el uso de vehículos tipo volquetas para recoger las basuras de la ciudad. Dijo la Procuraduría que la decisión pudo violar las normas constitucionales del medio ambiente.

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