En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu,Hernán Penagos , registrador nacional, habló de la controversia generada por la reducción del 77% en elpresupuesto asignado a la Registraduría en el proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional.
Penagos señaló que, aunque la situación fue resuelta tras el hundimiento del presupuesto , esto subraya la necesidad de blindar los recursos electorales en la Constitución para evitar depender de decisiones gubernamentales que podrían comprometer la autonomía electoral.
La polémica reducción del presupuesto
El registrador Penagos explicó que, de haberse mantenido la reducción, se habría complicado la organización de las elecciones de 2026.
“En marzo del próximo año ya comienza el calendario electoral, y para esa fecha debemos tener parte de la logística en marcha”, comentó, tras afirmar que un recorte de esta magnitud habría afectado gravemente los preparativos.
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“Tener que esperar aprobaciones y desembolsos graduales desde el Ministerio de Hacienda habría sido muy complejo y podría haber generado retrasos que comprometerían los plazos electorales”.
Penagos destacó la naturaleza extraordinaria del presupuesto electoral, necesario para cubrir gastos más allá del funcionamiento habitual de la Registraduría, que tiene más de 1.200 oficinas a nivel nacional.
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"El presupuesto para el año entrante solo para funcionamiento había bajado a $700.000 millones, lo cual no es suficiente ni para operar de manera ordinaria", puntualizó.
Autonomía presupuestal: ¿por Constitución?
El registrador aprovechó la plataforma para alertar sobre la necesidad de garantizar la autonomía presupuestal de los órganos electorales.
Según Penagos, un modelo en el que las entidades electorales deben negociar anualmente con el Gobierno para asegurar los fondos necesarios pone en riesgo la independencia y eficiencia de las elecciones.
“No se trata solo de Colombia. En Latinoamérica, muchas autoridades electorales están perdiendo autonomía debido a las dificultades presupuestales. Esto lo hemos visto en países como México, Perú y Ecuador”, enfatizó.
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El registrador expresó su preocupación de que la falta de independencia financiera pueda erosionar la democracia en la región, un fenómeno que ya está ocurriendo en varios países.
“La solución es sencilla: los presupuestos de los órganos electorales deberían estar claramente definidos en las constituciones, de manera que no estén sujetos a los vaivenes de las realidades presupuestales ni a los debates en el Congreso”, afirmó Penagos.
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Contradicciones en el Gobierno
Durante la entrevista, Penagos también abordó las contradicciones dentro del propio Gobierno respecto a la reducción del presupuesto.
Mientras que el ministro de Hacienda afirmó que los recursos habían sido trasladados a una bolsa contingente del Ministerio, el ministro del Interior sostuvo que se trataba de un error.
"No tengo una explicación clara sobre por qué se propuso trasladar estos fondos", comentó el registrador. Sin embargo, reiteró que esta confusión reflejaba la necesidad de estructurar mejor el sistema presupuestal para evitar situaciones que puedan poner en riesgo los procesos electorales.
A pesar de la confusión inicial, Penagos recibió con alivio la noticia de que el hundimiento del presupuesto significaba que la Registraduría contaría nuevamente con los $3,2 billones necesarios para preparar las elecciones de 2026.
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"En ese sentido, el hecho de que el presupuesto se decrete conforme fue presentado por el gobierno permite que la Registraduría pueda tener los recursos necesarios", indicó.
Penagos concluyó la entrevista insistiendo en la importancia de revisar cómo se definen y asignan los presupuestos electorales en Colombia. Para él, la experiencia reciente es un ejemplo claro de por qué el presupuesto electoral no debería estar a merced de las decisiones de cada gobierno, sino que debe ser garantizado por la Constitución. "Esto aseguraría que las elecciones se puedan planificar y ejecutar sin sobresaltos, respetando los tiempos y necesidades logísticas", manifestó.
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Blindar el presupuesto electoral es esencial para mantener la autonomía de las autoridades electorales y garantizar procesos libres y transparentes