La Contraloría descubrió un presunto caso de corrupción que involucraría daño patrimonial por $1.334 millones por cuenta de la compra de trenes de aterrizaje, por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, que fueron adquiridos como nuevos, pero resultaron usados y no aptos para el servicio.
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La investigación fue solicitada por la misma Fuerza Aérea a través de su Segundo comandante y jefe de Estado Mayor, mayor general Luis Ignacio Barón Casas. Según el documento, el incumplimiento del contratista se da porque recibió el pago total por elementos no aptos para ninguna aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana.
Por el contrato, según la Contraloría, cursan también investigaciones penales, además de la disciplinaria, al inspector General de la FAC, por el contrato abierto que suscribió la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea.
Los repuestos aeronáuticos adquiridos fueron entregados el 24 de julio de 2015, según el documento titulado “Entrada de Bienes”, suscrito por el almacenista de la Fuerza Aérea y visto bueno del Comandante Almacenes.
Sobre el mismo dice: “No consta si se trata de los elementos solicitados ni el estado técnico en que se recibieron. Y, además, no se observa intervención alguna de la persona nombrada como supervisora del contrato”.
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Tiempo después, los repuestos, que presentaban desgaste, corrosión, abolladuras y maquillado de piezas, en lugar de ser cambiados fueron irregularmente devueltos para ser objeto de mantenimiento y aun así resultó que no eran aptos para las aeronaves de la FAC.
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