Presidente Petro pide investigar si justicia colombia avaló uso de Pegasus en el país

El presidente Gustavo Petro dejó en manos de la justicia en Colombia la verificación de cuál y cómo fue el uso del software Pegasus en el país, ahora que Estados Unidos confirmó que financió su compra en 2020.

Luego de que el mandatario denunciara en varias ocasiones en los últimos meses que el sistema israelí había sido comprado de manera irregular y con dineros ilícitos por el Gobierno de Iván Duque, altos funcionarios del Gobierno norteamericano aclararon que ellos fueron quienes entregaron los fondos lícitos en el marco de cooperación entre ambos gobiernos y como parte de la misión antinarcóticos.

Esto cambió el rumbo de los señalamientos de Petro, en especial cuando dichos funcionarios aseguraron que no le informaron a él cuando llegó a Casa de Nariño y al entonces presidente Iván Duque , pues el sistema se dejó de usar antes del cambio de Gobierno por diversos motivos.

Desde Estados Unidos aseguraron que no hay registro de que el sistema haya sido usado para fines distintos a los definidos, como la vigilancia a líderes políticos. El presidente Petro insiste en que debe hacerse una verificación en Colombia.

“Solo es legal el uso de Pegasus en Colombia si las interceptaciones a teléfonos fueron ordenadas por la justicia colombiana. Corresponde a la rama judicial decirnos si esas órdenes se dieron, si no, la Justicia debe procesar a quienes lo permitieron”, escribió Petro en su cuenta de X.

Aunque la Fiscalía ha iniciado sus propias investigaciones, cabe recordar que según la Ley 1621 de 2013 de inteligencia y contrainteligencia, en nuestro país es permitido el monitoreo y esa categoría podría aplicar a lo hecho con el sistema por parte de Estados Unidos en las operaciones contra ilegales, aclarando que el monitoreo no constituye interceptación de comunicaciones.

“Las entidades de inteligencia y contrainteligencia comprenden actividades de monitoreo del espectro electromagnético debidamente incorporadas dentro de órdenes de operaciones o misiones de trabajo. La información recolectada en el marco de ese monitoreo o en actividades de inteligencia y contrainteligencia que no sirva para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley, deberá ser destruida y no podrá ser almacenada en las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia”, reseña la normativa.

Mientras avanzan las investigaciones, lo cierto es que hay malestar en el Gobierno colombiano por el hecho de que Estados Unidos haya confirmado su participación en ese momento, pese a que el mandatario había hecho las denuncias desde hace varios meses.

“Al parecer, ni el presidente anterior ni el actual presidente hemos leído dicho acuerdo. No puede existir un estado policial por encima del estado democrático”, escribió Petro.

También, el canciller Luis Gilberto Murillo mostró su preocupación por la declaración del gobierno norteamericano y señaló que continuará buscando más información a través de canales diplomáticos.

“Nos parece que no se manejó de manera transparente. Tenemos una muy buena relación con los Estados Unidos, de colaboración y cooperación judicial que es muy efectiva. (…) También le agradecemos que haya estado muy atento en temas relacionados con la seguridad personal del presidente de la República. Sin embargo, nos sorprendió lo que escuchamos, lo que pudimos conocer por algunos medios de comunicación”, detalló