El contrato de asesoría que firmó la Presidencia de la República con la oficina del exministro y exconsejero de Estado Enrique Gil Botero no solo es para examinar posibles cambios en el contrato de la primera línea del Metro de Bogotá, también contempla un acompañamiento en el tema de formalización laboral y de las circulares que han señalado que las OPS no se pueden firmar por más de cuatro meses, salvo algunas excepciones.
En el contrato se pide a la firma de abogados que, entre otros, se establezca la diferencia entre los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, así como la viabilidad de celebrar más de uno de estos contratos.
Sin embargo, en la justificación del contrato se expresan los problemas que pudieron causar las circulares de Función Pública y de la propia Presidencia en el avance hacia la formalización laboral.
“Este instrumento normativo ha generado en las entidades algunas inquietudes sobre si definitivamente existe una prohibición de que una misma persona natural pueda celebrar más de un contrato de prestación de servicios, sea para la prestación de servicios profesionales o para servicios de apoyo a la gestión, por lo que se requiere de un análisis, diagnóstico y conclusiones de parte de una oficina altamente especializada”, señala el documento.
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Por otro lado, advierte que el 29 de diciembre de 2022, se emitió Circular Conjunta No. 100-005 por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, mediante la cual se establecen algunos lineamientos de política pública sobre el Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad- vigencia 2023 en la que se indicó, entre otras cosas, que los contratos de prestación de servicios para el 2023 no podrían tener un plazo de ejecución mayor de cuatro meses, tiempo que las entidades consideran suficiente para crear sus plantas temporales.
“Esta circular ha generado muchas inquietudes en las entidades, en particular, debido a que todas habían elaborado sus planes anuales de adquisición y ajustado sus presupuestos para hacer contratos por la vigencia fiscal completa. Tampoco existe claridad sobre si esa circular resulta obligatoria, dado que se trata un departamento administrativo que, si bien es cabeza del sector de función pública, no tiene directamente entre su objeto, ocuparse de temas relacionados con la contratación estatal”, añade.
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