Después del escándalo de los esposos Marroquín Váquiro que involucró a la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, la jefe de esa dependencia, María Paula Correa, publicó la directiva presidencial con la que aumentarán los controles para evitar nuevos casos irregulares de contratación pública.
La directiva tiene siete puntos y obliga a que “antes de suscribir cualquier contrato de prestación de servicios o de apoyo con entidades del Estado, estas deberán verificar si ya tiene otro contrato similar”. Dicho trabajo deberán realizarlo a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO).
Gobierno Nacional en cabeza del presidente @IvanDuque expide directiva presidencial 01.22. Fortalece controles y prevención en procesos de contratación pública.
— Maria Paula Correa F. (@mariapcorrea) January 18, 2022
Trabajo conjunto entre @infopresidencia @colombiacompra @DAFP_COLOMBIA @STransparencia pic.twitter.com/1GpZSDnd2n
También se reitera la obligación de entidades nacionales y territoriales de publicar y confirmar la información de los contratistas en el Sistema de Gestión del Empleo Público.
Al respecto, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, dijo en Mañanas BLU que con esta directriz se busca establecer con anterioridad cuántos contratos tiene una persona y si es idónea para manejarlos.
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“Tener más de un contrato no está prohibido en la ley o es delito, lo que es claro y es una orden a los equipos de contratación de las diferentes entidades, es que en el momento de revisar la documentación tengan acceso a la información de cuantos contratos tiene una persona y si está en la capacidad de ejecutarlos”.
La directiva está relacionada con el escándalo de los esposos Marroquín Váquiro, pues en el punto seis ordena que “el Departamento Administrativo de la Función Pública habilitará en un plazo de un mes en el sistema de información (SIGEP) el reporte donde conste si el servidor público tiene familiares, hasta segundo grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad, con contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con el Estado”.
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En el caso de Mayorquín, en el caso de la Presidencia, más allá del volumen de contratos que tenga o haya tenido la señora Váquiro, se investiga la inhabilidad e incompatibilidad que podría existir dado que él era funcionario y ella contratista de la misma entidad
Comunicado por parte de Presidencia:
Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
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