Blu Radio conoció los documentos del nuevo proceso de contratación que inició la Presidencia de la República para el servicio de suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios, contratistas y personal en comisión en el DAPRE. El contrato tendrá un valor de $8.540 millones de pesos para los próximos 11 meses.
Este tipo de contratación no es nueva y se hace frecuentemente para cubrir los viajes de los funcionarios de la Presidencia, incluidas altas consejerías y otras dependencias que hace parte del Departamento Administrativo.
No obstante, este proceso tiene algo nuevo que llama la atención y es que el Dapre venía contratando a Satena para prestar el servicio de suministro de tiquetes, vía convenio interadministrativo, esto como parte de la política del Gobierno Nacional de fortalecer la aerolínea estatal.
Por ejemplo, el pasado 9 de septiembre se entregó un contrato directo a Satena por $2.402 millones de pesos y en enero se había firmado otro con un objeto similar por $4.159 millones de pesos. También en este gobierno se hizo otro el 31 de agosto de 2022 por $2.202 millones de pesos.
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Sin embargo, el Consejo de Estado le puso freno a esta práctica por violar la libre competencia y lo reconoce la propia Presidencia en el nuevo contrato que va a firmar:
“No existe Acuerdo Marco de Tiquetes Aéreos vigente, dado que el último finalizó el 20 de marzo de 2022, y dando cumplimento a la sentencia emitida por el Consejo de Estado, de fecha 18 de septiembre de 2023, referente a que las Entidades estatales deben abstenerse de suscribir contratos interadministrativos SATENA S.A. cuyo objeto consista, además, la venta de tiquetes de otras aerolíneas”, dice el documento.
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Y efectivamente la sección tercera del Consejo de Estado decidió el pasado 18 de septiembre emitió un fallo en el que ordena que Satena y a las entidades públicas comprometidas “en estas prácticas, que en lo sucesivo, se abstengan de suscribir contratos interadministrativos que supongan la venta de tiquetes de otras aerolíneas y que restrinjan la libre competencia”.
También establece que se deben finalizar, “en un plazo máximo de seis (6) meses, los contratos interadministrativos con Satena, que se encuentren vigentes y cuyo objeto consista en el suministro de tiquetes aéreos de otras aerolíneas por intermedio de la agencia comercial entre Satena y Aviatur”.
Los argumentos de la decisión del Consejo de Estado son contundentes, en uno de ellos señala, por ejemplo que “Satena no es un agente de viajes, sino un prestador de servicios de transporte aéreo que compite con otros operadores, para lo cual puede vender sus propios tiquetes, pero lo que no puede hacer, es absorber toda la oferta de estos para las rutas que no le están asignadas. El contrato interadministrativo sirvió como un mecanismo de tercerización, para que, sin ninguna competencia, se le entregara esa porción del mercado a uno de los agentes que competían por el mismo”.
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