A través de su cuenta de ‘X’, el presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió contra la reciente decisión de la Comisión Primera del Concejo de Medellín, que aprobó la venta de las acciones que tienen las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en la firma Tigo-UNE.
El primer mandatario, tan pronto se conoció la aprobación por parte de la comisión, calificó la decisión como una "disolución de la propiedad pública" en el sector de las telecomunicaciones.
Según el jefe de Estado, la venta de las acciones de EPM es un reflejo de un esfuerzo más amplio para reducir la participación del sector público en las telecomunicaciones; un movimiento que, en su opinión, se alinea con las políticas del uribismo que, según él, han buscado históricamente alejar al Estado de este sector estratégico.
El gobernante sostuvo que la privatización progresiva de las empresas de telecomunicaciones, adelantada por un plan de los sectores afines al expresidente Álvaro Uribe, está acercando al país a un monopolio privado que podría limitar la competencia: y, por ende, el acceso a servicios de calidad para los ciudadanos.
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El presidente sugirió que esta tendencia no solo va en contra de los principios constitucionales que prohíben la formación de monopolios privados, sino que también perjudica a los usuarios.
En su publicación, Petro propuso una serie de medidas entre las que están el potenciar la propiedad pública en las grandes troncales de fibra óptica, que deberían expandirse más allá de las fronteras del país; el fortalecimiento de las juntas populares de Internet, para gestionar redes comunitarias de fibra óptica; y una alianza entre ETB, Emcali y la empresa pública INTERNEXA.
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La posición del jefe de Estado se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre la privatización y la gestión pública en Colombia. Mientras que algunos sectores ven en la venta de las acciones de EPM una oportunidad para optimizar los recursos y mejorar la eficiencia, otros, como Petro, temen que esta tendencia socave los principios de propiedad pública y accesibilidad en un sector crucial para el desarrollo y la conectividad del país.
La decisión de la Comisión Primera del cabildo aún debe pasar por la plenaria de la corporación y la fusión de Millicom, dueña de la mitad de UNE, deberá pasar por aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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