Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, se separa de las decisiones tomadas por el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, al adjudicar el millonario contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons y revocar la decisión del suspendido Álvaro Leyva de declaración de urgencia manifiesta y la suspensión de la licitación en septiembre del año pasado.
“El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023. El mismo doctor José Antonio Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y, por tanto, contrarias a las instrucciones del canciller (e)”, dijo Murillo al asegurar que el secretario no tiene la competencia para haber tomado dichas determinaciones.
Asimismo, Murillo dijo que se está examinando la situación del secretario e intentará llevar a cabo la celebración de este contrato que no contaba con el respaldo presupuestal necesario.
“Se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599.000 millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario”, agregó.
Publicidad
Por otro lado, en el reciente pronunciamiento del canciller Murillo pueden detallarse algunas contradicciones: primero dice que el secretario general José Antonio Salazar no tenía las competencias para revocar las decisiones del canciller suspendido y adjudicar el contrato a Thomas Greg & Sons, pero el enredo está en las fechas que entrega el funcionario, pues asegura que desde el 22 de febrero se sabía del retiro del secretario general de la Cancillería; sin embargo, un día después, el 23 de febrero fue el mismo canciller (e) que al suspender la licitación le reasignó la competencia para dirigir el proceso licitatorio de pasaportes y todos los actos relacionados con el mismo.