¿Por qué exministros de Santos demandarán decreto que prohíbe el porte de armas?

El próximo 16 de enero de 2019, una vez finalice la vacancia judicial, los exministros de Interior Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera y el ex viceministro Luis Ernesto Gómez presentarán ante el Consejo de Estado, una demanda de nulidad en contra del decreto de porte de armas.

Según dicen, el presidente Iván Duque otorgó una facultad sin ningún tipo de vigilancia al Ministerio de Defensa para dar los permisos especiales de porte de armas, lo cual, según ellos, reabre la puerta al rearme de civiles.

“El decreto 2362 expedido el 24 de diciembre es un amargo regalo de Navidad que le hace el Gobierno a los colombianos”, indicó Luis Ernesto Gómez al aclarar que el permiso para casos específicos ya estaba previsto en el decreto firmado por el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Añade que “en anteriores decretos se restringía la facultad de expedición de permisos especiales a unos establecidos por la ley y por supuesto a unos casos extraordinarios de seguridad. En el decreto expedido por el presidente Duque las facultades son genéricas y se le otorgan al Ministerio de Defensa quien podrá analizar casos específicos para otorgar permisos. Esa amplia facultad se convierte en un riesgo enorme para que por esa vía se puedan conceder permisos de portes de armas y como lo hemos visto eso en nada contribuye a la seguridad”.

Además de presentar la demanda de nulidad, se solicitará al Consejo de Estado la suspensión provisional del decreto, pues según los exliberales, pone en peligro a los colombianos.

“Hemos visto en Estados Unidos como el amplio acceso a armas ha generado violencia entre civiles, casos de violencia lamentables. Hicimos un enorme esfuerzo para desarmar una guerrilla que se alzó en armas contra el Estado por más de 50 años, para que ahora en pleno siglo 21 estemos hablando de ampliar facultades que el Gobierno anterior, de Juan Manuel Santos, de manera muy acertada cerró; lo cual ha contribuido a la seguridad”, insistió Rivera.

Desde el Partido de la U también cuestionaron la efectividad de la norma. La representante Martha Villalba manifestó su rechazo absoluto al mismo.

“Considero que el monopolio de las armas debe estar en cabeza del Estado. Particulares no deben tener ni el manejo, ni el uso de las mismas. Presidente, por más estadísticas que en el país señalen que en cuanto a homicidios y lesiones personales entre los años 2013 y 2018 la tendencia es decreciente, eso no justifica la expedición de salvoconductos para casos especiales”, indicó la legisladora.