Por pérdida de expediente, se aplaza nuevamente audiencia de Víctor Maldonado

La pérdida de la carpeta del proceso y un juez qué se declaró impedido llevó a qué este jueves se aplazara por tercera vez la audiencia en la que iban a solicitar la libertad del empresario Víctor Maldonado, investigado por el descalabro del Fondo Premium.

El reparto del proceso se hizo hasta este jueves y al ser presentado ante el juez segundo de garantías, este se declaró impedido por ser amigo íntimo de la familia Maldonado.

Así las cosas, el juez tuvo que devolver al centro de servicios judiciales la carpeta del proceso, y fue asignada al juez 61 de garantías, a quién nunca le llegó la asignación, pues la carpeta se perdió durante una hora entre el traslado del piso uno al dos del complejo judicial.

Debido a esto, las autoridades no tuvieron otro recurso más qué aplazar la audiencia para este viernes.

Aunque se podría otorgar la libertad al empresario, trascendió que la Fiscalía solicitó una nueva medida de aseguramiento en su contra.

El proceso

Para la defensa, ya se cumplieron 648 días sin que inicie un juicio en su contra, asegura que la Fiscalía se ha demorado y ha incumplido los términos que la ley para iniciar un juicio y está violando sus derechos.

Maldonado fue extraditado de España desde el año 2015 por solicitud de la justicia colombiana.

Está acusado de los delitos de estafa, captación masiva de dinero, negativa de reintegro de dineros y concierto para delinquir.

Según la Fiscalía, cometió varias irregularidades en el manejo de millonarios recursos que depositaron inversionistas, mientras se desempeñó como principal accionista del Fondo Premium.

De acuerdo con el ente acusador, Maldonado Rodríguez estaba enterado de las presuntas acciones ilegales que se estaban realizando al interior de Interbolsa desde el año 2009, cuando muchos de los dineros de los inversionistas de la liquidada entidad financiera llegaban a sus cuentas a través de operaciones ilegales que se realizaban en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales del Caribe.

El empresario podría pagar entre 12 y 15 años de prisión los delitos que les imputará el organismo acusador.