Por arriesgar $18.2 billones de la salud de maestros, Procuraduría investiga funcionarios

La Procuraduría General de la Nación , le abrió investigación a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; a la exministra de Educación Aurora Vergara; al superintendente de Salud Luis Carlos Leal; al presidente de la Fiduprevisora Jhon Mauricio Marín; al ministro de Salud Guillermo Jaramillo y a los representantes del Fomag por las presuntas irregularidades al poner en riesgo $18.2 billones del sistema de salud de los maestros.

En un documento de 14 páginas, el Ministerio Público argumentó varios puntos sobre un informe preventivo que se presentó en el marco del cambio de modelo de salud del Régimen de Excepción del Magisterio, en donde se alegó la “improvisación” por parte de los integrantes del Consejo Directivo del Fomag, la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación.

Cabe resaltar que fue el pasado 1 de mayo cuando inició el nuevo modelo de salud del Magisterio, el cual generó gran incertidumbre y una barrera de acceso a la población afiliada, según lo expuesto por la Procuraduría.

“En este sentido se advierte que no se garantizaron los derechos fundamentales de los afiliados a la dignidad humana, vida y salud al iniciar un proceso de contratación sin las previsiones propias que debe tener cualquier contratante, además hubo falta de previsión de las actuaciones precontractuales y contractuales por parte de la Fiduprevisora para contratar con IPS de manera virtual sin verificar los requisitos mínimos de cumplimiento”, dice el documento.

Incluso, la Procuraduría expone unas conclusiones preocupantes a todas luces, alegando que se está poniendo en riesgo la vida de los afiliados del régimen de excepción del Magisterio y que los procuradores delegados han tenido que presentar acciones de tutela a nivel nacional precisamente para garantizar el derecho a la salud de los afiliados.

Además de investigar a estos funcionarios y exfuncionarios, la Procuraduría ordenó la práctica de unas pruebas como la recolección de documentos que van de la mano con una inspección disciplinaria, como es el debido proceso cuando el ente regulador abre este tipo de investigaciones.