El artículo séptimo de la reforma política, que comprende el establecimiento de un Tribunal de Aforados y que reemplazaría la actual Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, fue hundido por la plenaria de la Cámara de representantes.
La iniciativa obtuvo 67 votos a favor y 28 en contra, pero por tratarse de un proyecto de acto legislativo necesitaba mayoría calificada, es decir, mínimo 83 votos a favor, por lo cual la iniciativa no pasó.
Previamente, la plenaria de la Cámara había negado una proposición de la representante Clara Rojas y Álvaro Hernán Prada en el sentido de archivar este artículo, por lo cual se procedió a votar.
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El tribunal de aforados pretendía investigar a los magistrados de las altas cortes, al fiscal general de la Nación y al presidente de la República, funciones que en la actualidad adelanta la cuestionada Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara.
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