En medio de los hechos de corrupción que enlodan al Gobierno, el presidente Gustavo Petro adelantó una directiva que aplica a ministerios, departamentos administrativos y entidades del sector central de la rama ejecutiva, y que obliga, desde ahora, a notificar por obligación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cualquier hecho ilícito que venga de parte de un funcionario público o un particular.
Con esto, la agencia estará obligada a adelantar acciones pertinentes, bien sea para defender en calidad de víctima a la entidad o intervenir en calidad de representación de los intereses de la nación.
En el documento se explica la estrategia bajo la cual funcionaría este lineamiento de defensa jurídica para las entidades. La primera instrucción es: “En todos los procesos penales por delitos contra la administración pública y/o por actos de corrupción, las Entidades a las cuales va dirigida la presente directiva, deben desarrollar una estrategia de defensa jurídica bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado”.
Además, la entidad involucrada debe notificar a la Fiscalía o la Corte Suprema y solicitar reconocimiento como víctima en el proceso penal. Los ministerios o sectores están obligados a entregar toda la información del caso a la ANDJE y esta procederá a convocar una mesa de trabajo en la que se define la estrategia de defensa. Cuando se haga esto, la agencia estará obligada a entregar un informe periódico a la mesa para documentar corrupción que anunció el gobierno nacional en medio del escándalo de la unidad nacional de gestión del riesgo.
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