Petro firma decreto con el que asume la función de regulación de los servicios públicos

A partir de este jueves, y por tres meses, inicialmente, el presidente Gustavo Petro tiene las facultades de regulación de los servicios públicos. Esto después de que fuera firmado el decreto 0227 en el que asume las funciones que habían sido delegadas desde hace cerca de 30 años a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

“Para los efectos de lo señalado en el artículo anterior, el presidente podrá solicitar el apoyo técnico de las Comisiones de Regulación y demás entidades de cada sector”, señala el artículo segundo del decreto.

Pero, además, se advierte en la norma que específicamente las atribuciones que reasume el presidente se aplicará a los procesos regulatorios generales que se encuentran en trámite al momento de ponerse en vigencia.

Para justificar la expedición del decreto, el Gobierno señaló que la Corte Constitucional precisó en una sentencia de 2003 que "la figura de la delegación constituye una modalidad de transferencia de funciones administrativas, establecida por la Constitución como uno de los mecanismos de organización del ejercicio de la función administrativa (…) el órgano que transfiere puede en cualquier momento reasumir la competencia".

En ese documento se advierte que se recibieron decenas de comentarios de distintas empresas y agremiaciones del sector de servicios públicos; sin embargo, como había anticipado Blu Radio, el Gobierno solo aceptó una en la que se pide que el decreto tenga un periodo de tiempo establecido para reasumir esas funciones y por eso tiene vigencia inicial de tres meses.

No obstante, no aceptó ninguna otra de las más de 50 advertencias. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) señaló funciones regulatorias que no devienen de la delegación presidencial, sino directamente de una ley de la República, por lo que no se podría asumir mediante un decreto.

Incluso, Empresas Públicas de Medellín señaló que no hay justificación técnica que soporte la decisión y que el cambio desestimula la inversión porque genera incertidumbre.

El decreto fue firmado, además del presidente, por los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Vivienda, Catalina Velasco; de Minas, Irene Vélez, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González.

“Este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos. Al menos por un tiempo y entonces voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia, directa y personalmente”, dijo el mandatario desde Boyacá el pasado 26 de enero.