El Gobierno Nacional logró las mayorías necesarias
para aprobar, tanto en Cámara como en Senado, la conciliación de la ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, último paso en el trámite legislativo.
Pese a las críticas de la oposición y otros sectores, finalmente la iniciativa pasó a sanción presidencial
, luego de que ambas cámaras dieran visto bueno a los 69 artículos que contiene la norma.
Algunos de los puntos aprobados son la ampliación de la legítima defensa
en propiedad privada, excluyendo los establecimientos comerciales y eliminando la expresión de “superación de barreras de la propiedad; se castiga la reincidencia, el porte de armas blancas entra como nuevo delito en el Código Penal y se establecen las más altas penas por agresiones y asesinato de miembros de la Fuerza Pública, periodistas y líderes sociales, entre otras disposiciones.
Se aprobó también la incorporación de penas de hasta 12 años por afectar infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, a la administración de justicia, el sistema de transporte público masivo, instalaciones militares o de policía, a propósito de desmanes que se han registrado en el marco de manifestaciones.
Ese tema fue fuertemente cuestionado por la oposición, así como el artículo 16, que aumenta las penas hasta en dos terceras partes cuando se empleen mascaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad.
El Gobierno Nacional celebró la aprobación, argumentando que lo aprobado permitirá dar mayor tranquilidad a los ciudadanos, así como herramientas a las autoridades para hacer frente a la creciente inseguridad en las ciudades.
“Esta iniciativa piensa en el ciudadano de a pie, el ciudadano que sale a coger Transmilenio, el ciudadano que sale a coger un bus público para desplazarse a su casa o trabajo, el ciudadano al que le roban el celular, el ciudadano al que todos los días es víctima de un delito. Brindando mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad”, explicó el ministro del Interior, Daniel Palacios.
Los senadores Ángelica Lozano e Iván Cepeda anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Congreso de Estados Unidos, ante los riesgos que, según ellos, implica esta nueva norma para la protesta social y otros sectores.
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