El pasado 4 de agosto, el presidente Gustavo Petro se refirió a la adquisición de un programa de espionaje durante el estallido social de 2021. Este programa habría tenido un costo de 11 millones de dólares, de los cuales 5.5 millones habrían sido entregados en efectivo.
A través de un comunicado a la opinión pública, los funcionarios expresaron su preocupación ante la posible existencia del malware y sobre quiénes podrían estar detrás del uso del programa espía.
En consecuencia, los funcionarios solicitaron a la Fiscalía General, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que adelanten las investigaciones correspondientes y activen los protocolos de seguridad para salvaguardar la información.
“Mientras no se tenga plena información sobre el uso y los intereses que sirve este programa espía, nos consideramos sujetos de posible espionaje ilegal, un riesgo que atenta contra nuestros derechos y, en especial, contra la seguridad y soberanía del Estado colombiano”, se menciona en el comunicado.
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En la lista de participantes de la petición destacan nombres como:
- Ricardo Bonilla: ministro de Hacienda
- Orlando Villabona: director de la DIAN
- Juan David Correa: ministro de Cultura
- Jorge Rojas: viceministro de Relaciones Exteriores
- Luis Carlos Leal: superintendente de Salud
- Milton Rengifo: embajador de Colombia en Venezuela
- Cielo Rusinque: superintendente de Industria y Comercio
- Andrés Idárraga: secretario de Transparencia de la Presidencia
- Álvaro Balcázar: gerente de FONTUR
- Gustavo Carrión: director del Sistema Nacional Ambiental
- Andrés López: asesor de Comunicaciones - Presidencia
- Giovanni Yule: subdirector General de la Unidad de Restitución de Tierras
Por su parte, los servidores públicos también hicieron un llamado al pueblo colombiano para que se unan en la defensa de la institucionalidad, la democracia y la seguridad nacional.