La Procuraduría General de la Nación requirió información a la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, sobre las acciones implementadas para garantizar los derechos de los firmantes del acuerdo de paz que habitan en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de Mesetas, Meta.

Lo anterior, ante las denuncias en los últimos días que abandonarán el lugar tras recibir amenazas de las disidencias de las Far c que operan en la región.

El órgano de control solicitó a la ARN indicar qué acciones tiene previstas para garantizar su traslado, así como para proteger las propiedades, maquinaria y equipos utilizados en los proyectos productivos que desarrollaban en ese espacio desde que se firmó la paz.

"Igualmente ha instado a estas agencias para la búsqueda e identificación de predios viables para el traslado de este colectivo y sus proyectos productivos”, señaló la procuradora delegada para seguimiento a los acuerdos de paz, Ceneida López.

Asimismo, la Procuraduría pidió para que se tengan en cuenta áreas que no presenten restricciones de tipo ambiental y de seguridad que limiten esa acción, en el marco del proceso de búsqueda de predios para adelantar el procedimiento de compra directa por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

El órgano de control resaltó la importancia de que los firmantes del Acuerdo cuenten con el apoyo institucional y se briden respuestas efectivas para garantizar su seguridad de manera integral, tanto en la parte interna como externa de los ETCR.

JEP ordenó al Gobierno mitigar desplazamiento masivo de excombatientes de las Farc en Mesetas

Recientemente, 200 familias de excombatientes de las Farc que se encuentran en el Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Mesetas, Meta, anunciaron que se desplazarían de manera forzada  ante las amenazas que han recibido por parte de las disidencias de Iván Mordisco, también argumentaban que el espacio tenía algunos problemas de infraestructura que no les permitían seguir viviendo en el lugar.

Ante esta situación, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP le ordenó al Gobierno nacional que active los mecanismos de protección para garantizar la seguridad de estas 200 familias y evitar el desplazamiento masivo del lugar. Cabe recordar que entre estos firmantes de paz que están en riesgo, también hay al menos 80 menores de edad, hijos de los excombatientes.

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