La Procuraduría General de la Nación pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exigir a los excombatientes de las Farc-EP que actuaron en la zona de influencia de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en Nariño, una mayor colaboración para lograr la ubicación y eliminación de las minas antipersona plantadas en esa región.
Mediante un escrito de observaciones a las versiones voluntarias rendidas en desarrollo del macrocaso 002, que prioriza el conocimiento de la situación territorial en esa zona del país, el Ministerio Público señaló que los comparecientes no brindaron claridad respecto a los lugares específicos en los que fueron instaladas y “donde posiblemente aún continúan plantadas”.
“No se ha considerado el daño causado a las comunidades y a los territorios en los que fueron sembradas las minas, lo cual dificulta cumplir con el objetivo de reparación y no repetición, así como restituir el derecho al goce efectivo de la tierra con plena libertad por víctimas, desplazados y la comunidad en general”, indicó.
Publicidad
Luego de analizar 72 diligencias rendidas por exintegrantes del llamado Comando Conjunto de Occidente, las columnas móviles Daniel Aldana, Mariscal Sucre y el frente 29, la Procuraduría mencionó que se requiere un mayor compromiso de los comparecientes en su aporte a la verdad, el reconocimiento de hechos victimizantes y con la no repetición.
Publicidad
Esto porque las respuestas dadas en sus versiones “en poco ayudan a traer claridad sobre los destinatarios de los ataques, las formas de ejecución y el tiempo que se tomaban para consumarlos”.
El Ministerio Público encontró un avance mínimo en materia de aportes a la verdad por violencia sexual, por lo que solicitó que se prioricen esas conductas en las versiones rendidas, así como diseñar estrategias para que los exguerrilleros reconozcan su responsabilidad y brinden su testimonio de manera plena, detallada y exhaustiva.
Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo avanza el nuevo gobierno de Gustavo Petro:
Publicidad