A propósito de las declaraciones del comisionado de paz Otty Patiño sobre un cierre de la Justicia Especial para la Paz, por ser una justicia transicional y transitoria y de las advertencias de la JEP, hechas por su presidente Roberto Vidal, sobre falta de recursos, la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta sobre los riesgos de limitar los recursos para este sistema.
Para el Ministerio Público reducir el alcance y presupuesto de la JEP, “Comprometería su capacidad para cumplir su objetivo de ofrecer justicia a las víctimas del conflicto armado, pero además limitaría sus funciones y afectaría gravemente la implementación de sanciones y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de derechos humanos”.
Por eso, el órgano de control hizo un llamado a la autoridades recordando su responsabilidad como garantes de los recursos necesarios para la implementación de las sanciones propias de la JEP.
“Esto incluye la adecuada asignación presupuestaria y la coordinación logística para llevar a cabo las medidas de reparación a las víctimas”, mencionó en un comunicado.
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Cabe mencionar que las tensiones entre JEP y Gobierno nacional comenzaron luego de una declaración del comisionado de paz, Otty Patiño, en la que sugirió el cierre de esta justicia argumentando que es transicional y transitoria.
Para apagar el incendio generado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el Gobierno nacional no quiere tocar de ninguna manera a la JEP. Sin embargo, sí pidió más celeridad y eficacia en las sanciones a excombatientes y exmiembros de la fuerza pública.
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