El senador Ariel Ávila, uno de los autores de la prórroga de la ley de orden público de 1987 que ha facultado a presidentes para adelantar diálogos de paz, habló sobre el articulado aprobado este lunes en el Congreso. El legislador aclaró que la paz total no permitirá una nueva negociación con alias 'Iván Márquez', cabecilla de la disidencia Segunda Marquetalia, quien desertó del proceso con las Farc y se alzó nuevamente en armas en contra del Estado.
"Si se llegara a dar algo con 'Iván Márquez', tendría que haber una reforma constitucional. Está claro en la negociación, porque los acuerdos de paz fueron incorporados en la Constitución, que serán beneficiados los que firmaron y cometieron delitos antes del 1 de diciembre de 2016, no con posterioridad. Eso está clarísimo", indicó Ávila.
El congresista, además, dejó en claro que el Gobierno quedó facultado para adelantar dos tipos de procesos: negociaciones de paz, como por ejemplo con el ELN, así acercamiento para sometimiento.
"Lo primero que se aprobó es que el Gobierno está facultado para hacer dos tipos de procesos: negociaciones de paz, por ejemplo con el ELN, así como procesos de acercamiento para el sometimiento a la justicia con organizaciones criminales. Se distinguieron los dos tipos de procesos. En segundo lugar, se crean las famosas regiones Paz, que son grupos de municipios, donde el Estado coherentemente va a invertir recursos económicos para superar las causas estructurales de la guerra", sostuvo.
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El congresista dijo que, adicionalmente, se creó el llamado se "gabinete para la paz", que busca que cada ministerio no haga lo que quiera o lo que piense, sino que se someta con coherencia al Estado para ver en qué se intervendrá en la materia de pacificación. "Va a tener un papel importante el alto comisionado para la paz, se crea la figura de los acuerdos parciales, cosa que nos va a permitir por ejemplo avanzar en la mesa técnica", declaró el legislador.
La senadora Angélica Lozano declaró, por su parte, que podría darse el escenario, a la luz de la ley 418, en que se entre a buscar el desarme de todos los disidentes en armas.
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"La respuesta es sí, pero no. Sí se va a buscar el desarme y la reincorporación de las personas en armas, incluyendo los desmovilizados que incumplieron. Desmovilizados de todos los acuerdos, paras y guerrilla, pero eso no implica algo similar a La Habana", declaró la parlamentaria.