Más de 3.8 millones de dólares deberá pagar Chiquita Brands a víctimas de paramilitarismo

Un jurado federal de Florida (EE.UU.) falló este lunes que la multinacional del banano Chiquita Brands International, acusada de financiar a grupos paramilitares en Colombia que dejaron miles de muertos en ese país, tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas.

El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, tras una década de litigios, señala que Chiquita no demostró que "la asistencia que brindó" al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una "amenaza ilegal, inmediata e inminente" por parte de este grupo terrorista.

Tampoco logró Chiquita demostrar que "no tenía otra alternativa razonable" que la de "proporcionar asistencia a las AUC", según consta en el veredicto al que tuvo acceso EFE.

El histórico fallo señala además que la ayuda de Chiquita a las AUC constituyó "una actividad peligrosa" que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos.

Por todo ello, la multinacional es condenada a pagar 38,3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del presente siglo especialmente en la región bananera de Urabá (Colombia).

Algunos de los demandantes son Víctor Palencia Gómez, padre de Carlos Arturo Palencia Sibaja, quien percibirá 2,4 millones de dólares de indemnización; o Janeth Rivera Vargas y Nini Johana Molina Rivera, esposa e hija, respectivamente, de Albeiro Antonio Molina Román, quienes recibirán una indemnización de 2,1 millones de dólares, cada una.

"Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial", dijo en un comunicado Marco Simons, asesor general de la organización EarthRights International.

EarthRights International es uno de los grupos que presentaron en 2007 en la Corte Federal de Nueva Jersey una demanda contra Chiquita Brands, a la que acusaron de haber apoyado económicamente a ese grupo de paramilitares en Colombia.

La decisión del jurado reafirma lo que esta organización había afirmado durante mucho tiempo: que Chiquita "financió a sabiendas a las AUC, una organización terrorista designada, con el fin de obtener ganancias, a pesar de los atroces abusos contra los derechos humanos de las AUC".

El veredicto resalta también que los demandantes "probaron" de forma palmaria que las AUC mataron a las personas que se enumeran en el documento y que Chiquita, "a sabiendas", brindó asistencia sustancial a las AUC en forma de "pagos en efectivo u otros medios de apoyo en un grado suficiente para crear un riesgo previsible de daños a otros", incluidos los familiares de los demandantes.

"Este fallo histórico marca la primera vez que un jurado estadounidense considera responsable a una importante corporación estadounidense por complicidad en graves abusos contra los derechos humanos en otro país, un hito para la justicia", hizo hincapié EarthRights International.

Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa "bajo presión".

Los abogados de Chiquita habían señalado que la multinacional no tuvo más opción que pagarle cerca de dos millones de dólares a las AUC para proteger a sus empleados de la violencia.

Los familiares de las víctimas sostenían, por el contrario, que la empresa de frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio, no a los trabajadores.

Miles de familiares de víctimas presentaron demandas contra Chiquita.

Después de una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU., Chiquita se declaró en 2007 culpable de financiar a paramilitares en Colombia, pero no había indemnizado a las familias cuyos seres queridos fueron asesinados por los grupos que financió.

En ese entonces, la empresa llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares.