La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a entidades como la Interpol, la Dijin, la Registraduría Nacional y la Policía Nacional eliminar los antecedentes judiciales de 9.600 antiguos miembros de las extintas Farc que se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
De acuerdo con la JEP, estas personas no están vinculadas con crímenes de guerra o de lesa humanidad, sino delitos meramente políticos, es decir, el hecho de haber pertenecido a un grupo insurgente como lo fueron las Farc en su momento.
Estábamos teniendo incidentes con las salidas del país, aparecían sus antecedentes y tenían inconvenientes con autoridades de otros países. Tienen inconvenientes para bancarizar o formalizar su vida comercial y crediticia
Frente a esto, la JEP considera que debe garantizarse la amnistía otorgada en 2017 por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya que no todas han sido materializadas.
A la decisión, la JEP dio un plazo de 30 días para que se brinde la información a las autoridades correspondientes e inicie el proceso de limpiar los expedientes criminales que estén a nombre de los 9.600 firmantes.
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Siendo así, apenas se materialice el proceso de amnistía, ninguna de estas 9.600 personas tendrá registros negativos y podrán acceder a una estabilidad laboral, así como a la libertad financiera.
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